El Cuba Study Group, la Casa Blanca y la política hacia Cuba

El anuncio del 17 de diciembre tomó por sorpresa al mundo. Hubo de todo: un repentino canje de espías, un amplio conjunto de medidas para flexibilizar el embargo y una inesperada promesa de restablecer relaciones diplomáticas y acabar así con 50 años de hostilidades.

Mientras la atención se centró en los detalles jugosos de negociaciones secretas que duraron más de un año, un grupo de cubanoamericanos que estuvo trabajando tras bambalinas para promover el cambio celebraba discretamente ver su agenda finalmente convertida en política de Estado.

 Un cuentapropista trabaja en su taller en La Habana en enero de este año. El Cuba Study Group es pionero en las investigaciones sobre este sector en la isla y tiene hoy un programa de intercambio con cuentapropistas. El grupo de exitosos empresarios cubanoamerianos aglutinados en la organización sin fines de lucro Cuba Study Group (CSG) desplegó a partir del 2009, un amplio esfuerzo para promover la agenda del cambio de política hacia Cuba en las altas esferas del gobierno de Estados Unidos.

Para ello se centraron en tres áreas: “convencer” a la Casa Blanca de que podía hacer más con la autoridad ejecutiva para modificar las sanciones a Cuba, proveer de ideas y recomendaciones sobre las medidas a tomar con esa autoridad y “demostrar que el cambio era políticamente viable”, explica su director ejecutivo Tomás Bilbao.

Desde el 2009, varios miembros del grupo sostuvieron múltiples reuniones con miembros del Consejo Nacional de Seguridad, el Departamento de Estado, el Pentágono y el Departamento de Comercio, entre otras agencias, y su presidente Carlos Saladrigas estuvo al habla con Barack Obama incluso antes de que llegara a la Oficina Oval.

En entrevista telefónica, Bilbao mencionó alrededor de 20 encuentros, aunque aclaró que no eran todos. “Fueron muchas reuniones, no te voy a aburrir”, dijo.

“Entendíamos que no era cuestión solamente de decirle a Roberta Jacobson, Dan Restrepo o Ricardo Zúñiga que esto era lo que recomendábamos sino que teníamos que ayudar, por ejemplo, a la gente del Departamento de Comercio a entender por qué las restricciones en las exportaciones de electrodomésticos a Cuba dificultaban la labor de ONGs que trabajaban con la Iglesia… No se trataba de convencer solo a las personas clave arriba”, explica Bilbao.

Varios fueron los documentos que elaboró o comisionó el grupo para cumplir estos objetivos, muchos basados en investigaciones ya realizadas sobre el microempresariado en Cuba, área en la fueron pioneros y continúan trabajando (por ejemplo, a través de un programa de intercambio con “cuentapropistas” cubanos).

Los documentos también ilustran la evolución del pensamiento de sus miembros.

En 2006, bajo una Administración republicana, proponían “una política de acercamiento” que condicionaba las acciones de Estados Unidos a mejorías en Cuba: “si el gobierno cubano demuestra que ha dado pasos concretos hacia una nueva constitución… elecciones libre y democráticas…entonces el Presidente de EEUU trabajará con el Congreso para establecer relaciones diplomáticas completas”, indica un reporte.

Para febrero del 2013, el Cuba Study Group publicó un informe en el que pedía la derogación de la Ley Helms-Burton e incluía una serie de medidas que podría tomar el Presidente para “promover el cambio en Cuba”, entre ellas la autorización para importar bienes y servicios ofrecidos por los cuentapropistas en la isla, el restablecimiento de los servicios de ferry a Cuba y la revisión de la inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, todo lo cual ayudaría eventualmente al restablecimiento de relaciones diplomáticas.

“Si miras el documento y las modificaciones a la política anunciadas el año pasado, son básicamente los mismos puntos más el restablecimiento de las relaciones diplomáticas”, apunta Bilbao.

El documento fue presentado casi al mismo tiempo que recomendaciones similares hechas públicas por Ted Piccone, investigador de Brookings Institution, en enero y el Grupo de Trabajo sobre Cuba de Americas Society/Council of the Americas. Piccone explica que los autores de los tres reportes “compararon notas como colegas” y hubo “cierta coordinación” sobre la fecha de publicación.

Esa colaboración tenía antecendentes. Por ejemplo, en 2010, Piccone, Sabatini y Saladrigas compartieron la autoría de un reporte titulado Bridging Cuba’s Communication Divide: How U.S. Policy Can Help.

Otro documento clave, anterior al del 2013, parece ser el estudio legal que el CSG comisionó a Stephen Propst, socio de la firma de abogados Hogan Lovells US LLP, sobre la autoridad ejecutiva para modificar las leyes del embargo y que sirvió de base legal de las recomendaciones realizadas posteriormente por distintas organizaciones.

Según varios miembros del grupo, en reuniones con Dan Restrepo, en ese entonces asesor especial de Obama y Director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, conocieron de las dudas que tenía la administración acerca de las posibilidades legales de modificar por decreto las leyes sobre Cuba, de modo que la organización comisionó un informe legal sobre el tema a un bufete especializado.

En ese momento, se rumoraba que la Administración estaba recibiendo recomendaciones legales “más restrictivas”, apunta Piccone. El informe se presentó públicamente durante un evento el 15 de febrero de 2011 en Brookings Institution. Ese mismo día, fueron invitados a presentarlo al Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) en la Casa Blanca.

“Mi impresión fue que el personal del NSC estaba muy entusiasmado con los resultados en el reporte y consideró que proveía de una base jurídica al Presidente para hacer más sobre Cuba”, comenta Propst.

Según este abogado, “la creencia convencional era que las sanciones habían sido codificadas por el Congreso y que el Presidente tenía muy poca discreción para hacer cambios. El análisis mostró que la autoridad del Presidente para hacer excepciones a las restricciones comerciales y de viaje estaba incorporada en las regulaciones que el Congreso había reglamentado”.

Dan Restrepo matiza la historia.

“En ese momento había un debate sobre la capacidad administrativa del Presidente para actuar y sigue siendo un debate, y sí hablé con ellos sobre el tema en mi oficina. Sé que ellos luego impulsaron un estudio sobre el tema que llegó a la Casa Blanca, uno de muchos, aunque probablemente fue el único grupo que lo hizo público. Obviamente, los abogados internos estudiaron el tema y siguen estudiándolo”, señala.

¿Es cabildeo?

El presidente del CSG, el empresario Carlos Saladrigas, asegura que este “no es un grupo de cabildeo, no es un grupo político. Lo que hacemos es presentar ideas constructivas, buscamos la forma de estudiar y analizar temas importantes”.

El CSG tiene estatus de organización sin fines de lucro, bajo el código 501(c)(3) de la Agencia Tributaria (IRS, por sus siglas en inglés). Según las reglas de esta agencia, este tipo de organización, no “puede intentar influir en la legislación” (o sea, el Congreso) de forma “substantiva”.

Sin embargo, el profesor Robert Green, especialista en regulaciones fiscales de la escuela de leyes de Cornell University, explica que esta es una definición “estrecha” de cabildeo y “bajo la Ley de Divulgación de Cabildeo se consideran como tal no solo los intentos de influir en la legislación sino también el contacto con altos funcionarios de la administración, incluido el Presidente, así como los intentos de influencia sobre órdenes ejecutivas”.

De modo que aunque la organización cumpla con los límites de tiempo y gasto impuestos por ambos códigos (como aseguró al Nuevo Herald Bilbao), y no existan objeciones en términos legales, “lo que están haciendo es claramente cabildeo... aunque puede que no tengan que registrarse como cabilderos”.

El profesor citó otras excepciones en la ley que podrían aplicarse también a las actividades del grupo, como por ejemplo, el no considerar a los estudios o investigaciones que sean hecho públicos como acciones de cabildeo. El CSG hizo públicos todos los estudios citados en esta historia.

Este tipo de activismo “es muy normal, lo hacen docenas de organizaciones. Forma parte de la interacción de una Administración y el público. Es parte de la rutina”, explica Restrepo, quien se reunió en varias ocasiones con miembros del grupo.

El CSG también ha mantenido la separación legal con una organización que podría considerarse como su brazo político: #CubaNow. Su actual director, Ric Herrero, es miembro de la junta de jóvenes profesionales del CSG desde el 2007 y se convirtió en el director ejecutivo asistente de la organización en 2012 y hasta abril del 2014, cuando se fue a dirigir #CubaNow.

Aunque #CubaNow no fue creado directamente por el CSG, sino que surgió como parte de la campaña que coordinó en 2014 James Williams –de la firma Trimpa Group– para presionar a la Administración a actuar en el tema de Cuba, la nueva organización responde a los puntos de vista de aquel grupo, según indica Herrero.

La diferencia entre ambas, explica, es que según las regulaciones del IRS, aunque las dos están exentas de pagar impuestos, la organización que dirige sí puede promover mensajes políticos. “Somos primariamente un vehículo de mensajes, que hacemos en forma de campaña”, aclara.

#CubaNow pagó con donaciones privadas –algunas canalizadas por Trimpa Group, que asesora a donantes para que inviertan en determinadas causas– anuncios de televisión así como anuncios en estaciones de metro en Washington, DC dirigidos a “la Casa Blanca y el Departamento de Estado”-–indica un comunicado de prensa– para proponer que el Presidente “podía y debía dar nuevos pasos que defiendan los intereses de Estados Unidos a la vez que ayudan al pueblo cubano”, un argumento central en la campaña del 2014.

Por su parte, Bilbao afirma que “el CSG nunca ha donado un dólar a #Cuba Now” y que “mantuvimos una separación bastante importante para evitar cualquier apariencia de que fuera nuestro”, aunque reconoce que #CubaNow utilizó “todo el mensaje, la estrategia que había elaborado el Cuba Study Group”.

El último tramo

Con la salida de Restrepo del NSC en el verano del 2012, el CSG retoma las contactos con la Casa Blanca a inicios del año siguiente. En febrero del 2013, Saladrigas, Bilbao y Herrero se reunieron con Ricardo Zúñiga (principal asesor del Presidente para América Latina) y Ben Rhodes (asistente del Presidente y asesor de Seguridad Nacional para la Comunicación Estratégica), quienes como se sabría más tarde, iniciarían negociaciones secretas con el gobierno cubano en abril de ese año.

“En estas reuniones ellos querían explorar lo que pensábamos que podía hacer el Presidente para ayudar más al pueblo cubano y cómo iba a ser recibido en la comunidad cubanoamericana”, explica Herrero. Para noviembre del 2013, después de un acto de recaudación de fondos del Partido Demócrata en Miami, en el que Obama dijo que Estados Unidos debía “ser creativo” y continuar actualizando su política hacia Cuba, Herrero intuyó en sus palabras la señal de que la Administración estaba decidida a actuar.

Aunque las negociaciones secretas nunca trascendieron a los miembros del grupo –“Ellos tienen una buena cara de póker”, señala Bilbao– en julio, Herrero, Williams y Luis Miranda (ex director de comunicaciones para medios hispanos de la Casa Blanca, reclutado por Trimpa Group para la campaña) se reunieron, una vez más, con Zuñiga.

“Él nos dijo que ya se había presentado nuestro argumento y que estaban buscando hacer cambios en la política hacia Cuba a partir de nuestras recomendaciones, las de CubaNow, que estaban completamente basadas en las del Cuba Study Group; solo que no estaba claro cuán lejos iban a llegar”, ni cuándo iban a realizarlos, continúa Herrero, quien confesó su sorpresa con el anuncio de la restauración de relaciones diplomáticas “porque fue más allá de nuestras recomendaciones”.

Los contactos con la Administración no terminaron con este anuncio.

Desde el 17 de diciembre, “hemos tenido muchas reuniones con funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado” desde estonces, explica Herrero y acota que la administración está interesada en conocer “qué otros pasos puede hacer ahora que se está embarcando en esta nueva era de relaciones”.

Varias fuentes mencionaron una reunión celebrada el 5 de mayo de este año en la Casa Blanca entre el Presidente y una docena de representantes de organizaciones cubanoamericanas, entre ellas el Cuba Study Group y la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA).

“En esa reunión fue que Obama explicó lo que había sucedido, sus razones de por qué lo había hecho y volvió a insistir en que mantuviéramos un contacto abierto para seguir suministrándole ideas a medida que las cosas fueran evolucionando”, comenta Saladrigas.

¿Quién se lleva el crédito?

La Casa Blanca declinó confirmar los detalles de esta reunión. El Nuevo Herald reportó sobre otro encuentro que tuvo lugar en la Casa Blanca con altos funcionarios de la Administración el 22 de julio, a la que también asistieron líderes y empresarios cubanoamericanos.

Jorge Mas Santos, el presidente de la FNCA, no respondió a la petición de comentario para esta historia.

“ Por supuesto, el Presidente se merece todo el crédito y las personas junto a él se llevan mucho crédito, aunque tuvimos que hacer mucho trabajo para convencerlas de que lo podían hacer y era una buena idea hacerlo”, reflexiona Bilbao, mientras reconoce que “otras personas jugaron un papel muy importante como el senador [Patrick] Leahy, el senador [Jeff] Flake y otras personas que ya se han mencionado públicamente”.

Sin embargo, no todos están convencidos de que el CSG hubiera podido influir en la Casa Blanca o incluso en el Presidente, y tanto los funcionarios de la Administración como los analistas han argüido que las razones para el cambio de política van más allá, incluso, del tema cubano y deben mucho a la necesidad de reconstruir una relación con América Latina.

“No hay que persuadir a Obama de que piense como Obama”, opina el excongresista Lincoln Díaz-Balart, quien está convencido que el entonces senador Barack Obama ya mostraba disposición a cambiar la política hacia la isla.

“La existencia de estos grupos han sido útiles para la Administración pero no han cambiado la opinión de Obama”, insiste.

Aunque más matizada, Restrepo tiene una opinión similar.

“Creo que a fin de cuentas fue una decisión personal del Presidente de Estados Unidos, no es algo que nadie lo empujó a hacer. Él pensó que llegó el momento de hacerlo. Dicho esto, fue importante para la Casa Blanca saber que había apoyo público y dentro de la comunidad cubanoamericana”.

Organizaciones como el Cuba Study Group y Cuba Now “sí han sido importantes como apoyo” a la Casa Blanca, agregó.

La Casa Blanca envió un comunicado que fue publicado en la primera parte de esta historia en el que afirma que “la Administración ha trabajado estrechamente a lo largo de los años con las partes interesadas en la comunidad cubanoamericana, incluido el Cuba Study Group, como parte de nuestro esfuerzo continuo para renovar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Agradecemos su trabajo para ayudar a conseguir apoyo para los cambios en las políticas”.

Williams es más categórico: “todo el mundo en [Washington, DC] que estuvo en el centro de esta campaña, sabe que ellos tuvieron un rol invaluable. No estaríamos donde estamos sin el CSG. Punto”.