El Nuevo Día: EE.UU. abre pequeña puerta a demandas contra empresas e individuos en Cuba

A pesar de las amenazas lanzadas las pasadas semanas sobre su intención de activar por primera vez en la historia el polémico Título III de la Ley Helms-Burton, Estados Unidos pospuso, por 30 días adicionales, su entrada en vigor, aunque dejó la puerta abierta a demandas contra compañías cubanas que están listadas como prohibidas a los estadounidenses por ser propiedad o estar vinculadas al aparato miliar de Cuba.

El secretario del Departamento de Estado federal, Mike Pompeo, anunció el lunes, mediante comunicación escrita, que no activará la disposición de la Ley Helms-Burton que permitiría a ciudadanos estadounidenses, entre ellos cubanos que abandonaron su país a raíz del triunfo de la Revolución, demandar a ciertas empresas foráneas o personas privadas que hacen negocios en Cuba y utilizan propiedad confiscada o nacionalizada por el gobierno cubano en la década de 1960.

Pompeo indicó que mantendrá suspendido durante 30 días más el Título III de la Ley Helms-Burton, pero autorizó que los ciudadanos o empresas afectados por las nacionalizaciones en Cuba puedan entablar acciones legales contra una serie de empresas y entidades cubanas que está numeradas en una lista elaborada por el Departamento de Estado, la cual contiene esencialmente a organismos y compañías directamente vinculados con el aparato militar de Cuba.

“El secretario Pompeo comunicó a los comités correspondientes en el Congreso que es necesario suspender por 30 días adicionales, hasta el 17 de abril de 2019, el derecho de tomar acciones bajo el Título III de la Ley para la Solidaridad Democrática y la Libertad en Cuba (LIBERTAD), por los intereses nacionales de Estados Unidos y porque acelerará la transición hacia una democracia en Cuba”, sostiene la declaración oficial.

“A partir del 19 de marzo, la suspensión no se aplicará al siguiente supuesto: El derecho a interponer una acción contra una entidad o subentidad cubana identificada por su nombre en la Lista de Entidades y Subentidades con Restricciones Asociadas con Cuba (también conocida como Lista sobre Entidades con Restricciones de Cuba), con sus ulteriores actualizaciones. Seguiremos analizando el impacto de esta suspensión para la situación de los derechos humanos en Cuba”, agrega.

"La Lista Restringida de Cuba identifica a entidades y sub-entidades bajo control del Ejército, la inteligencia o los servicios de seguridad cubanos. Estos servicios de seguridad son directamente responsables de la represión al pueblo cubano. Alentamos a cualquier persona que haga negocios con Cuba a reconsiderar si están traficando en propiedades confiscadas y apoyando a la dictadura en Cuba", resaltó Pompeo en el escrito.

El gobierno cubano, por su parte, reaccionó de inmediato al anuncio estadounidense.

“Rechazo enérgicamente anuncio del Dpto. de Estado #EEUU de autorizar demandas, bajo Título III de la Ley Helms-Burton, contra lista de compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por el gobierno de Trump. Prórroga 30 días en el resto de los casos es inaceptable amenaza contra el mundo”, escribió en su cuenta de Twitter el canciller cubano Bruno Rodríguez.

El efecto de esta medida dependerá del crisol con el que se mire.

Para la comunidad en el exilio representa un traspié, pues su expectativa estaba fijada en que por primera vez en la historia se permitiera a los cubano-americanos o a empresas estadounidenses afectadas por nacionalizaciones o confiscaciones, demandar por daños y perjuicios a empresas foráneas que utilizan las que fueron sus propiedades en la isla. Eso no podrá ocurrir todavía.

Para los más optimistas, sin embargo, representa la puesta en vigor a medias del Título III, aunque sea con la apertura de una pequeña puerta muy focalizada en el aparato militar cubano.

La directriz de Pompeo autoriza las acciones contra las empresas colocadas en esa “lista negra”, que incluye unas 200 entidades, entre ellas muchas de formato mixto entre capital cubano y extranjero.

Ese capital extranjero está formado por compañías dueñas de cadenas hoteleras, como las europeas Meliá, Iberostar o Kempinski, entre otras procedentes de Japón o Canadá. La directriz de Estados Unidos impide tácitamente que esas empresas extranjeras sean demandadas y excluye por defecto a compañías estadounidenses con operaciones en Cuba, como las líneas de cruceros, de aviación o de otro corte, por lo que el radio de acción que esperaba la comunidad cubano-americana se vio limitado nuevamente.

Un oficial del Departamento de Estado que prefirió no identificarse explicó que Estados Unidos conversó con sus aliados en la Unión Europea, Canadá y Japón para dejar claro que las empresas de esos países no podrán ser demandadas, aunque mantengan una empresa mixta en alguna de las entidades vetadas por la lista.

Ese mismo oficial indicó que los pleitos se podrán radicar en las cortes estadounidenses contra las empresas cubanas sujetas a ellos, un trámite que será muy complejo, pues, por el propio bloqueo o embargo económico, las compañías cubanas no pueden operar en suelo estadounidense. La decisión abre la posibilidad, sin embargo, de que los pleitos contra las entidades cubanas se establezcan desde ahora y se diluciden en el futuro, de caer el bloqueo económico.

Sistemáticamente, por más de 20 años, los presidentes estadounidenses (incluido el actual, Donald Trump, en 2017 y 2018) renovaron la suspensión del Título III cada seis meses, debido a diversos factores, como la complejidad de su puesta en ejecución por su extraterritorialidad, al malestar que provocaría entre diversos socios de Estados Unidos en Europa y América Latina, a la posibilidad de abrirle paso a un pleito en la Organización Mundial de Comercio y al hecho real de que Cuba no tendría ninguna obligación de cumplir con los dictámenes de las cortes estadounidenses.

Presionado por los congresistas cubano-americanos, el Departamento de Estado rompió en enero pasado, por primera vez desde 1996, con ese patrón y postergó la puesta en ejecución por sólo 45 días.

El Título III establece que ciudadanos estadounidenses pueden demandar a corporaciones foráneas o individuos que mantengan operaciones en instalaciones que fueron confiscadas o nacionalizadas por el gobierno cubano tras el triunfo de la Revolución en 1959.

La Ley Helms-Burton, que toma el nombre de sus autores, los entonces senadores Jesse Helms y Dan Burton, aplica sanciones a empresas foráneas que mantienen operaciones en Estados Unidos y que, a la vez, hacen negocios con Cuba de manera directa o mediante terceros países.

Se estima que entre 70,000 y 200,000 demandas podrían ponerse en ejecución si se activa esta sección de la ley. En la actualidad existen 5,913 demandas activas de ciudadanos o empresas en Estados Unidos que reclaman daños al gobierno cubano y ninguna ha podido ser resuelta porque las actividades de negocios de Cuba no están reconocidas en suelo estadounidense por el embargo.

“Esta es la continuación de la misma política del embargo que ha fracasado por 60 años. Puede poner pintalabios a un cerdo, pero seguirá siendo un cerdo. Por seis décadas hemos acumulado evidencia de que el bloqueo a quien daña es al pueblo cubano de a pie, mientras fortalece a la línea dura del gobierno cubano. Continuar con esta política fallida afecta los intereses de los americanos y ayuda a nuestros adversarios”, dijo en un comunicado James Williams, presidente de la organización estadounidense Engage Cuba, que aboga por un acercamiento entre los dos países.

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