El Nuevo Día: Estados Unidos quiere activar polémica ley y Cuba reacciona

Estados Unidos dejó ver la posibilidad de poner en ejecución una polémica sección de la Ley Helms-Burton que permitiría a ciudadanos estadounidenses demandar a ciertas empresas foráneas o personas privadas que hacen negocios en Cuba, una posibilidad que ha levantado una rabiosa reacción del gobierno cubano, por el alcance extraterritorial de la medida.

El Departamento de Estado anunció el miércoles que prorrogará por sólo 45 días la puesta en marcha del Título III de la Ley Helms-Burton, en lo que realiza una evaluación de la disposición, que nunca ha sido puesta en marcha por ningún presidente desde su aprobación en 1996.

Sistemáticamente, por más de 20 años, los presidentes estadounidenses (incluido el actual, Donald Trump, en 2017 y 2018) renovaron la suspensión del Título III cada seis meses, debido a diversos factores, como la complejidad de su puesta en ejecución por su extraterritorialidad, al malestar que provocaría entre diversos socios de Estados Unidos en Europa y América Latina, a la posibilidad de abrirle paso a un pleito en la Organización Mundial de Comercio y al hecho real de que Cuba no tendría ninguna obligación de cumplir con los dictámenes de las cortes estadounidenses.

El Título III establece que ciudadanos estadounideses pueden demandar a corporaciones foráneas o individuos que mantengan operaciones en instalaciones que fueron confiscadas o nacionalizadas por el gobierno cubano tras el triunfo de la Revolución en 1959.

La Ley Helms-Burton, que toma el nombre de sus autores, los entonces senadores Jesse Helms y Dan Burton, aplica sanciones a empresas foráneas que mantienen operaciones en Estados Unidos y que, a la vez, hacen negocios con Cuba de manera directa o mediante terceros países.  

Presionado por los congresistas cubano-americanos, el Departamento de Estado ha roto por primera vez con ese patrón y dejado ver que la prórroga responde a que Trump dará el paso de activar por primera vez ese polémico título de la ley.

“Esta extensión nos permitirá realizar una cuidadosa revisión sobre la ruta correcta para poner en acción el Título III a la luz de los intereses nacionales de los Estados Unidos y los esfuerzos por acelerar una transición hacia la democracia en Cuba, e incluir elementos tales como la brutal opresión del régimen contra los derechos humanos y las libertades fundamentales y su inexcusable apoyo a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos de Venezuela y Nicaragua”, dijo el Departamento de Estado en una declaración.

“Alentamos a cualquier persona que hace negocios en Cuba a reconsiderar sus operaciones si están traficando en propiedad confiscada y apoyando a esta dictadura”, agregó.

La activación de este recurso sería letal para el desarrollo de la economía cubana, que aspira a incrementar la inversión extranjera y las iniciativas privadas como motores de su desarrollo. Un escenario como este crearía incertidumbre y desalentaría a los potenciales inversores, quienes tomarían distancia para evitar largos y costosos pleitos legales.

La estrategia de Estados Unidos estriba en asfixiar económicamente a la isla y provocar un cambio de sistema y mayores libertades civiles, lo cual no ha sucedido en 60 años, pues usualmente las medidas acaban ahogando a los cubanos de pie, no a la dirigencia, y la población entonces cierra filas con su gobierno.

“Si la Administración busca un avance de los intereses de Estados Unidos y en los derechos humanos en Cuba, iniciar el Título III tendría el efecto contrario. No sólo lesionaría la comunidad de negocios de Estados Unidos y al naciente sector privado cubano, sino que daría a nuestros enemigos un enclave enorme en la región y enojaría a nuestros aliados más cercanos. Putin y los línea dura del gobierno Cubano son los que ganarían más con el Título III”, expresó la organización Engage Cuba en un comunicado.

Las autoridades cubanas reconocen la seriedad del asunto y rechazaron con vehemencia los vientos que soplan desde Washington, los cuales recrudecerían el bloqueo o embargo económico contra la isla, la que atraviesa por serios problemas de liquidez desde el 2017.

“No permitiremos el chantaje político”, dijo en Twitter el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. “Tenemos razones y verdades suficientes y legítimas para enfrentar tanta hostilidad y desprecio... Cuba rechaza enérgicamente esta nueva provocación injerencista, amenazadora, prepotente, violatoria del derecho internacional. El gobierno de EE.UU. demuestra su desprecio hacia el resto del mundo”.

Las autoridades cubanas emitieron una declaración de rechazo al anuncio hecho por el Departamento de Estado.

“El gobierno del presidente Donald Trump amenaza con dar un nuevo paso que reforzaría, de manera peligrosa, el bloqueo contra Cuba violaría flagrantemente el Derecho Internacional y atacaría directamente la soberanía y los intereses de terceros países”, dice la declaración cubana. “Cuba rechaza esa amenaza del modo más enérgico, firme y categórico. La asume como un acto hostil de extrema arrogancia e irresponsabilidad, a la vez que repudia el lenguaje irrespetuoso y calumnioso del mensaje público del Departamento de Estado”, agregó.

El gobierno cubano estima que el Título III provocaría que “cualquier cubano y cada comunidad del país verían cómo se presentan ante tribunales de los Estados Unidos demandas por la propiedad de la vivienda que ocupan, el centro de trabajo donde laboran, la escuela a la que asisten sus hijos, el policlínico donde reciben atención médica, los terrenos sobre los que se edifican sus barrios; y podrán constatar la pretensión de usurparnos a los cubanos la riqueza del país”.

El escrito señala que de activarse el Título III, el diálogo que mantienen ambos países, y que se inició bajo la administración de Barack Obama para conseguir un acuerdo que liquide las reclamaciones y compensaciones mutuas entre los dos vecinos, sería insostenible.

Cuba recordó que el Tribunal Popular Provincial de La Habana, el 2 de noviembre de 1999, declaró “con lugar” la demanda contra el Gobierno de los Estados Unidos por “Daños Humanos” y “lo sancionó a reparar e indemnizar al pueblo cubano en la cuantía de 181,100 millones de dólares y, el 5 de mayo de 2000, también por Daños Económicos ocasionados a Cuba y lo sentenció por valor de 121,000 millones de dólares”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró la disposición de Cuba de hallar una solución a las reclamaciones y compensaciones mutuas, un tema que se resolvió con todos los países que fueron objeto de nacionalizaciones en el proceso revolucionario, menos con Estados Unidos, cuyos nacionales rechazaron en su momento las condiciones impuestas por el gobierno cubano y sostienen que todavía tienen derecho a sus propiedades en la isla.

“Es sabido que todas las nacionalizaciones de propiedades extranjeras, incluidas las estadounidenses, contemplaron en ley un compromiso de compensación, que el gobierno de los Estados Unidos se negó incluso a discutir, mientras sí fue asumido por los gobiernos de los reclamantes de otros países, todos los cuales disfrutaron de debida compensación”, indica la declaración.

El gobierno cubano sostuvo que de iniciarse algún pleito en su contra considerará la reclamación como “nula” y que Cuba “se reserva el derecho de responder oportunamente a esta nueva agresión”.

En 45 días, exactamente el viernes, 1 de marzo, se verá el próximo capítulo de esta novela.

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